El Tribunal de Justicia Administrativa ordenó a la Dirección General de Transporte de Guanajuato elaborar un nuevo estudio sobre la demanda del servicio de taxi ejecutivo, y con base en él, revisar si emite más permisos o no.
Lo anterior como respuesta a una impugnación que un ciudadano de León presentó el 4 de febrero de este año, luego de que la citada dependencia le negara en noviembre del 2020 la entrega de un permiso para ser taxi ejecutivo.
En su respuesta, la Dirección General de Transporte sostuvo que la necesidad de este servicio en León ya estaba cubierta, y en caso de que se accediera a otorgarlo a todos los solicitantes, se contravendría el orden y el interés público.
Este permiso es necesario para poder trabajar en plataformas como Uber, InDriver o DiDi.
De acuerdo con la resolución emitida en julio por Gerardo Arroyo Figueroa, magistrado de la Primera Sala del Tribunal, la negativa del permiso se basó en un estudio sobre la demanda del servicio de taxis ejecutivos en la entidad, elaborado por la empresa ‘SET Consulting’ en el 2016, a pesar de que la solicitud se hizo cuatro años después.
La autoridad demandada no sostuvo su negativa en un estudio técnico actualizado (…) lo cual revela que el análisis de su petición fue llevado a cabo fuera de la realidad actual al existir condiciones totalmente distintas debido al aumento de la población que demanda el servicio”, se lee en la sentencia del expediente con folio 274/1ª Sala/2021.
Además, el magistrado señala que el propio estudio, que en ese entonces indicó que en León solo se requerían 550 taxis ejecutivos, precisa que para años posteriores se requiere actualizar las cifras poblacionales.
Por lo anterior, resolvió que la dependencia debe generar otro estudio técnico sobre este mismo tema, con datos poblacionales y económicos actuales, que sirva de base para determinar la necesidad del servicio especial de transporte ejecutivo en el estado, y concretamente, en el municipio de León.
Además, una vez que se cuente con dicho documento, deberá emitir una respuesta debidamente fundada a la solicitud de permiso que hizo el ciudadano para prestar este servicio.