Con el objetivo de dar un mayor castigo a los extorsionadores, los diputados de Acción Nacional presentaron una iniciativa de reforma al Código Penal del Estado de Guanajuato donde se propone especificar en una de las actuales agravantes de la extorsión la portación de arma de fuego y se aumenta de una mitad del mínimo a una mitad del máximo la pena.

La propuesta busca que la extorsión sea considerada como un delito contra la libertad y seguridad de las personas, ya que “la afectación emocional nace desde el primer acercamiento que tienen con los sujetos activos y desde ahí se ve vulnerada su seguridad personal; esta afectación a su seguridad personal es mayor y permanente y, en consecuencia, debe erigirse como el bien jurídico tutelado”, manifestó la diputada Cristina Márquez Alcalá.

Dijo que el objeto es fortalecer las acciones en materia de seguridad y procuración de justicia; así como proteger a la víctima y garantizar sus derechos ante los extorsionadores.

Asimismo, refirió que las personas que resultan agraviadas por los extorsionadores se rehúsan a acudir ante la autoridad y prefieren pagar, con la esperanza de que ya no los molesten o bien, deciden no pagar y cambiar de lugar de residencia con todo su círculo familiar antes de sufrir algún daño superior.

Admitió que este delito es sin duda uno de los que mayor afectación generan al tejido social y, al ámbito de seguridad personal y estabilidad emocional, ya que con la presencia de ese ilícito las personas víctimas de los extorsionadores llegan, incluso, a vivir episodios de zozobra y temor constante, temen por su seguridad y la de su familia y muchas veces se ven obligados a cambiar sus actividades, su residencia y hasta cerrar abruptamente los negocios que edificaron a lo largo de muchos años.

Márquez Alcalá puntualizó que este delito se ha extendido cada vez más, pues ya no sólo se extorsiona a grandes o medianas empresas, sino también a negocios familiares y pequeños puestos comerciales, incluso en domicilios particulares, sin importar el nivel económico de las víctimas.

La extorsión es un delito considerado pluriofensivo, ya que con su comisión se afectan diversos bienes jurídicos, principalmente el patrimonio y la seguridad de las personas y, pese a ello, en el Código Penal únicamente se ha decantado por establecer la afectación al patrimonio, concluyó.

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