La diputada Alma Edwviges Alcaraz Hernández, integrante del grupo parlamentario del Partido MORENA, presentó un punto de acuerdo en sesión del Congreso de Guanajuato, de obvia resolución, para exhortar a la presidenta municipal de Irapuato a dejar de criminalizar y perseguir penalmente a las mujeres que, en ejercicio de sus derechos constitucionales, fueron violentadas por la policía municipal de Irapuato.

En las consideraciones, la congresista recordó que el domingo pasado en la ciudad de Irapuato se llevó a cabo una manifestación que fue reprimida por elementos municipales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, destacando el uso de fuerza excesiva y arbitraria por parte de elementos de seguridad en contra de las mujeres.

Alcaraz Hernández indicó que la brutalidad con la que actúo la policía municipal durante la manifestación continuó durante la detención de las jóvenes, agregando que las 28 personas detenidas durante el tiempo en el que estuvieron incomunicadas siguieron sufriendo violencia e incluso amenazas de la corporación municipal.

“De manera lamentable, la presidenta municipal de Irapuato se pronunció públicamente para justificar la represión y detención de las manifestantes, enfatizando que su gobierno no toleraría, bajo ninguna circunstancia, hechos de violencia”, dijo.

La legisladora comentó que, a pesar de que las mujeres fueron liberadas, la Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que el gobierno municipal había ratificado una denuncia contra las mujeres víctimas de la agresión policial, por lo que, además de haber sido víctimas de violaciones a sus derechos humanos y haber sido violentadas en su integridad, ahora la autoridad pretendía también perseguirlas penalmente.

“Daremos seguimiento a las investigaciones que se han abierto en contra de las autoridades municipales por la brutalidad con la que se condujeron; sin embargo, por lo pronto, nos parece necesario reiterar el llamado urgente a la presidencia municipal de Irapuato para que deje de criminalizar el derecho a la protesta de las mujeres víctimas de la agresión policial”, finalizó.

Al hablar en contra de la propuesta hicieron uso de la voz las diputadas Susana Bermúdez Cano y Yulma Rocha Aguilar, y el diputado Alejandro Arias Ávila; mientras que el congresista David Martínez Mendizábal se pronunció a favor.

Bermúdez Cano se refirió al motivo que originó la marcha en el citado municipio, sin embargo, precisó que, de una manifestación pacífica, abruptamente pasó a ser, por la actuación de un grupo minoritario, una manifestación violenta que puso en riesgo la integridad de todas y todos, pero principalmente de la mayoría de las participantes.

Señaló que estaban en contra del uso de la violencia y del odio, y a favor de que toda la sociedad en general se conduzca conforme a lo que establece la ley, respetando siempre la libre y pacífica manifestación, y máxime cuando éstas se convoquen para visibilizar la violencia en contra de las mujeres.

“Estamos a favor de la investigación y de la sanción, y de que las autoridades correspondientes de Irapuato lleven a cabo investigaciones a fondo y, de manera objetiva, se sancione a quienes no hayan actuado conforme a la ley”, subrayó la legisladora.

Finalmente se pronunció en contra de los oportunismos políticos que, dijo, revictimizan y buscan reflectores, por ello enunció su voto en contra e instó a permitir que las autoridades deslinden responsabilidades y sancionen conforme a la norma.

Al hablar a favor, el diputado David Martínez Mendizábal expresó que el exhorto tiene la voluntad de que se repete la libre manifestación de las ideas y se tenga el respeto a los derechos humanos de las personas, por lo que pidió que se investigara el actuar de los policías de Irapuato y se llegue a las últimas consecuencias.

“No venimos a pedir otra cosa más que se investigue a los policías y se castigue, donde se manifieste el interés de resolver el tema, por eso el exhorto es necesario, y el exhorto es una llamada para que se atienda a las personas que han sido violentadas”, concluyó.

En su intervención, la legisladora Yulma Rocha Aguilar externó que todas las manifestaciones, en particular, las de las causas de las mujeres son legítimas. “Mujeres que exigen justicia para otras mujeres deben ser escuchadas”, expresó.

La diputada enfatizó que las manifestantes de Irapuato se encontraron con la represión y, dijo, se evidenció una falta de protocolos que finalizó en detenciones arbitrarias, así como violencia física y verbal.

En ese sentido, la congresista mencionó que las y los diputados visualizaron la gravedad que representa lo acontecido, ya que el gobierno tiene la obligación de garantizar la libre manifestación y respetar los derechos humanos; sin embargo, puntualizó que su posicionamiento en contra del dictamen se debió a que no se logró un consenso para que el punto de acuerdo fuera presentado por la presidencia del Congreso, en representación de las y los diputados.

Finalmente, instó a sus homólogos para que en la próxima sesión puedan retomar el exhorto de manera institucional.

En rectificación de hechos, la diputada Alma Edwviges Alcaraz Hernández se refirió a los consensos y apuntó que tenía que quedar claro que lo público tenía que ser cada vez más público, y no se trataba de callarse ni dejar de expresar lo que se quiere decir, que llegar a un consenso no tenía que ver con eso.

El congresista Alejandro Arias Ávila manifestó que, si se hacía un análisis de todo lo expuesto, todos estarían de acuerdo, y que lo grave era la incapacidad del Congreso de que, aun estando de acuerdo en dos casos concretos sucedidos en Irapuato, no lograron condenar esos hechos de manera institucional.

Enfatizó que eso era lo que se tenía que discutir, que no se buscaba “hacerse de la vista gorda” sobre las agresiones a las manifestantes de Irapuato ni el actuar de la guarda nacional, sino salir de manera conjunta respecto a algo que no se tenía que permitir.

Finalmente se pronunció por no partidizar temas como los acontecidos en últimas fechas en Irapuato, porque ambos resultaban de dos duras realidades para la entidad y el país; el primero, la violencia contra las mujeres, y el segundo, derivado de una compleja situación de inseguridad, que ambos exigían madurez y, sobre todo, empatía para con las víctimas.

La solicitud de obvia resolución fue aprobada. Al someterse a votación, la propuesta se rechazó por lo que se instruyó su archivo definitivo.

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