El grupo parlamentario del PAN Gto presentó un punto de acuerdo para exhortar a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Guanajuato a efecto de que lleve a cabo las acciones necesarias en favor de la atención, defensa y protección de los menores, en relación con los casos de violencia escolar reportados por la Secretaría de Educación de Guanajuato.
Al dar lectura a las consideraciones del documento, la diputada Janet Melanie Murillo Chávez expresó que derivado de un comunicado difundido por la Secretaría de Educación del Estado de Guanajuato, en respuesta al caso de denuncia por los sucesos ocurridos en la comunidad Camino Real del municipio de Silao, el cual indica que durante el 2022 se reportaron 37 casos de violencia escolar, de los cuales 17 fueron de índole sexual en los menores.
Precisó que, de acuerdo con dicha información, de los 17 casos de tipo sexual, 14 fueron cometidos en escuelas de educación básica y tres en planteles de educación media superior a menores de edad, aunado a lo anterior, la congresista manifestó que ante la gravedad de los hechos es necesario tomar acciones.
En ese sentido, Murillo Chávez refirió que la escuela es un espacio en el que se debe garantizar el desarrollo y bienestar de la comunidad, por lo que expresó que un solo caso de agresión a menores exige la atención urgente e inmediata, con decisiones contundentes y con acciones enfocadas en corregir y prevenir con la finalidad de garantizar su no repetición.
Asimismo, puntualizó que en todos los casos señalados por la Secretaría de Educación, es sumamente urgente y necesario que las víctimas de dichos abusos reciban atención inmediata e integral y se lleven a cabo las investigaciones pertinentes para imponer las sanciones correspondientes, así como poner en práctica los protocolos enfocados en acciones preventivas para garantizar un clima escolar libre de violencia.
La congresista manifestó que se deberá revisar integralmente los elementos de los Protocolos para la Detección, Prevención y Actuación en caso de violencia escolar a fin de verificar que se proteja los derechos de los estudiantes, de la misma manera, revisar las disposiciones legales que correspondan.
Finalmente, expuso que existen instrumentos legales, los cuales solicitan se activen en estos casos y las instituciones que tienen las atribuciones para su atención oportuna.
“La experiencia, especialidad, profesionalismo y las facultades de la Procuraduría de Protección son una garantía de que su intervención es determinante para promover, respetar, y garantizar los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes”, comentó.
Murillo Chávez destacó algunas de las atribuciones de dicha instancia como el que proveen atención médica y psicológica a los menores; el trabajo conjunto con las autoridades administrativas y judiciales.
Además de sus facultades para promover la participación de diversos sectores en la planificación y ejecución de acciones para la atención, defensa y protección de los menores, los cuales dijo, son elementos que requieren ejecutarse en dicho contexto en los casos de violencia escolar.
