Robo a escuelas será juzgado como calificado en Guanajuato

El Código Penal para el Estado de Guanajuato y cataloga como robo calificado el hurto a escuelas públicas.

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Con el respaldo unánime de todos los grupos y representaciones parlamentarias que integran el Congreso del Estado, fue aprobado el dictamen que reforma el Código Penal para el Estado de Guanajuato y cataloga como robo calificado el hurto a escuelas públicas.

Con la aprobación de las modificaciones legales se establece como robo calificado el hurto de expedientes, documentos, valores, bienes y demás archivos que obren en poder de escuelas públicas y diversas instituciones del sector público.

La medida tiene como finalidad proteger los bienes que permiten otorgar una educación de calidad, por lo cual desde ahora esta práctica puede alcanzar una pena máxima de hasta 5 años de prisión.

Escuelas saqueadas

En tribuna, el diputado Bricio Balderas Álvarez dio a conocer que los robos a los planteles de educativos son un perjuicio para todos y dañan la infraestructura y el erario público, además de que miles de escuelas han sido objeto de este tipo de saqueos que suelen incrementar en periodo de vacaciones.

“Con la pandemia, las escuelas estuvieron solas por años y, cuando los alumnos regresaron, muchas ya no tenían pizarrón o bancas y eso es algo que ahora se propone castigar”, dijo.

Explicó que además de las escuelas también se protege a instancias del sector público contra el saqueo de documentos, archivos y bienes, debido a que se pierde información y otros productos que son competencia del Estado.

El Legislador lamentó que haya personas que, sin más, entran a una escuela y dañan todo lo que pueden, además que lo que llegan a robarse representa poco valor y solo causan daño al proceso educativo de los niños.

“Con la modificación al artículo 194, párrafo séptimo del Código Penal, ahora se cataloga como robo calificado este tipo de robos y se busca evitar la impunidad, detenerlos y aplicar todo el peso de la Ley a quienes los cometan”, afirmó.

Con la medida aprobada, los legisladores esperan que quienes cometen este tipo de actos reciban un castigo y se desaliente una práctica que solo causa daños al proceso de formación educativa de miles de niñas y niños, ya sea en zonas urbanas o rurales.

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