Partido Verde en GTO busca evitar difusión de materiales o información de hechos delictivos contra mujeres

Partido Verde

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El grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México presentó una iniciativa de reforma al Código Penal, a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado y a la Ley de Responsabilidades Administrativas, en el Congreso de Guanajuato, con la finalidad de sancionar a los servidores públicos que difundan sin autorización, a través de cualquier medio de comunicación, material relacionado con hechos delictivos.

En la exposición de motivos por parte del Partido Verde se señala que el caso de Ingrid Escamilla era un claro ejemplo de la omisión y negligencia por parte de los servidores públicos, que al tener su expediente y material fotográfico en cadena de custodia se difundieron con los medios de comunicación, lo que ha provocado que a nivel nacional se busque prohibir dicha práctica.

“En la última reforma a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, se incluyeron términos de violencia digital y mediática, con objetivo de garantizar la integridad de la víctima. Buscando que tanto ministerios públicos y jueces tenga la facultad de solicitar la interrupción, bloqueo, destrucción y/o eliminación de imágenes, audios o videos relacionados con carpetas de investigación en curso”, se señala en el documento presentado por el Partido Verde.

Asimismo, se refiere que de conformidad al Código Nacional de Procedimientos Penales y Protocolo Nacional del Primer Respondiente, toda información que resulte del procesamiento de la escena es por naturaleza confidencial y debe estar resguardada hasta que la autoridad competente ordene su conclusión.

Se agrega que, al tratarse de imágenes, audios, documentos o videos de cadáveres de niñas, adolescentes o mujeres, de las circunstancias de la muerte, de las lesiones o estado de salud, la pena se incremente.

Finalmente, se precisa que la iniciativa que presentó el Partido Verde busca salvaguardar la dignidad de las personas afectadas, combatiendo una forma de violencia contra las mujeres y cuidando así los derechos humanos de la víctima y su derecho a una justicia pronta, completa e imparcial.

La iniciativa fue turnada a la Comisión de Justicia para su estudio y dictamen.

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