En el Congreso de Guanajuato, se propuso un Punto de Acuerdo para urgir al Congreso de la Unión a que emita ya la Ley General de Aguas, lo cual se ha pospuesto durante más de una década e impide a estados contar con su propia norma en esa materia.

Con el fin de proporcionar al país y consecuentemente al estado, un ordenamiento jurídico, que defina las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas, los municipios y la ciudadanía, integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional presentaron un punto de acuerdo para exhortar al Congreso de la Unión, a través de la Cámara de Diputados y del Senado de la República, a fin de que expidan la Ley General de Aguas.

Esto es que toda vez que han fenecido en exceso, los plazos establecidos en el artículo tercero transitorio del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación en fecha 8 de febrero de 2018 por el que se reformó el párrafo quinto y se adicionó un párrafo sexto al artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el establecido en la resolución de la Controversia Constitucional 56/2020, de fecha 25 de enero de 2022.

Al hacer uso de la voz, el diputado Alejandro Arias Ávila indicó que la autoridad encargada de la planeación, coordinación, promoción, fomento, apoyo, gestión y coadyuvancia respecto a la política hídrica de la entidad es la Comisión Estatal del Agua de Guanajuato, organismo descentralizado que ha encontrado limitaciones al depender en gran medida de la información y acciones de la Comisión Nacional del Agua y de los municipios.

El legislador expresó que los organismos operadores no cuentan con un control fidedigno sobre la administración de sus aprovechamientos y tampoco logran brindar la información necesaria al orden estatal sobre la situación de cada municipio.

Esto ha originado adeudos a la Comisión Nacional del Agua, controles sanitarios deficientes sobre sus pozos, irregularidades en la vigencia de sus títulos de concesión y omisiones en el monitoreo de los volúmenes de extracción y descarga de aguas.

Ante tal circunstancia, el congresista recordó que en el año 2012 se divulgó en el Diario Oficial de la Federación que el Congreso de la Unión tenía un plazo de 360 días para la emisión de una Ley General de Aguas.

Agregó que ya se registran más de 10 años sin la expedición de dicha norma, a pesar de que el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación puso como nuevo plazo el mes de abril de 2022 para cumplir con lo estipulado.

Finalmente, el diputado precisó que, en el último informe de gobierno de Guanajuato, el titular de la Comisión Estatal del Agua externó la necesidad de contar con una Ley de Aguas en el Estado, que otorgase mayores herramientas a dicha institución, para poder cumplir con su objeto y mejorar la política estatal en materia de aguas, que por la falta de una ley general genera la incertidumbre de iniciar procesos legislativos que a la larga sean considerados inconstitucionales.

El monitor de sequía del Servicio Meteorológico Nacional muestra que, hasta el 28 de febrero de este año, más del 50% del país se encontraba con algún grado de sequía y, en Guanajuato, lluvias por debajo del promedio y todos los municipios con algún grado de sequía, con el consiguiente inicio de medidas para racionar el agua.

Lee esto: Más de 1 mil millones de pesos han destinado a la seguridad de municipios en GTO