El Partido MORENA, presentó una iniciativa de reforma a la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato para insistir en la necesidad de la austeridad republicana en el ámbito de los salarios asignados a los altos funcionarios públicos.

Al dar lectura a la exposición de motivos, la legisladora Aguilar Castillo señaló que uno de los pilares de la Cuarta Transformación ha sido la eliminación de los excesos y abusos en el manejo de los recursos públicos, a lo que se denominó austeridad republicana. Asimismo, argumentó que el ahorro que se ha generado por medio de esa política de austeridad ha servido para mantener a flote a los programas sociales.

Después de detallar los aspectos que integran la citada austeridad republicana, la congresista manifestó que algunos funcionarios continuaban violentando la Constitución al recibir salarios mayores a los que percibe el presidente de México.

Aguilar Castillo enfatizó que, en el caso de Guanajuato, la austeridad republicana estaba totalmente ausente, y que los excesivos salarios de los altos mandos en el estado suponen por lo menos 25.1 millones de pesos que deberían estarse utilizando para el beneficio de quienes más lo necesitan, no en los privilegios para unos cuantos.

“Desde MORENA hemos denunciado los derroches que acostumbra el gobierno estatal en gastos no prioritarios como los gastos de comunicación social, de servicios de consultoría y las remuneraciones excesivas para los altos mandos en la entidad. En lo que refiere a los salarios de los servidores públicos, Guanajuato tiene un problema claro: hay al menos 79 funcionarias y funcionarios estatales que ganan más que el presidente de la República”, indicó.

La diputada añadió que se proponía que el Comité de Estructuración Salarial, instancia facultada para establecer los criterios que servirán de base para determinar las remuneraciones, planteé un ajuste en los tabuladores para hacer valer las disposiciones establecidas en la Carta Magna.

Del mismo modo, sentar la obligación del Congreso del Estado de Guanajuato para que, en el marco de sus atribuciones, emita las recomendaciones respecto a las remuneraciones de las personas integrantes de los Ayuntamientos, con estricto apego al texto constitucional.

La iniciativa fue turnada a la Comisión de Hacienda y Fiscalización para su estudio y dictamen.

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