El GIEI presenta su último informe del caso Ayotzinapa que ha llevado por 8 años

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El grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes Ayotzinapa conocido como GIEI, en su último informe acusa al ejército mexicano ser cómplice en la desaparición de los estudiantes.

En conferencia de prensa en el Centro Cultural Tlatelolco, el GIEI dio a conocer los más recientes hallazgos, los obstáculos que ha encontrado y los pendientes que quedan del caso de desaparición forzada de 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa. 

Los miembros del grupo dijeron que no hay ya condiciones en el país para que sigan con su trabajo y señalaron que el riesgo es que la mentira se institucionalice como respuesta.

El GIEI se ha enfrentado a muchos obstáculos pero en este sexenio la falta de acceso información y fragmentación de la investigación hacen imposible seguir con el trabajo de investigación.

También revelaron que el Cisen participó en detenciones e interrogatorios en la investigación del caso Ayotzinapa, de igual manera informaron que la Marina ayudó a construir la “verdad histórica” con torturas, y que el Ejército conoció en tiempo real el destino de los estudiantes; apuntando a la institución de contradicciones y de no querer contribuir,igual que todos los niveles de gobierno.

Reconocieron que el caso ha estado envuelto en una mentira en la que participaron más de 200 personas de 6 corporaciones municipales, estatales y federales que se ha alargado por nueve años.

Por último, el GIEI dio a conocer recomendaciones para el estado sobre familiares, víctimas y más del caso de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

  • Brindar protección efectiva a los testigos del caso, quienes han sido perseguidos, amenazados e incluso han muerto personas que han contribuido con información vital para el caso.
  • Brindar protección a los fiscales que sí han cumplido con su labor, y con ello facilitado las investigaciones del caso.
  • Se requiere que la Fiscalía General de la República opere con completa independencia.
  • Atención integral a las familias de los sobrevivientes, cuya salud física y mental se ha ido deteriorando con el paso de los años. La salud es un derecho, no un favor que brinden los gobiernos.

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