En el Congreso del Estado de Guanajuato, el Partido Verde Ecologista presentó un punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Gobierno del Estado de Guanajuato para que cumpla con los acuerdos de asistencia legal y acompañamiento a las víctimas del fraude de “Punto Legal”, asegurando que se les brinde el apoyo necesario para la defensa de sus derechos.
Además, para pedir a la Fiscalía General estatal que dé seguimiento puntual a las carpetas de investigación de las víctimas del caso “Punto Legal”, garantizando que se realicen todas las acciones necesarias para llevar a los responsables ante la justicia y proporcionar reparación a las víctimas.
Al hacer uso de la voz, la diputada Martha Lourdes Ortega Roque refirió que la petición es relativa a las actuaciones ilícitas del despacho Punto Legal, situación que sigue sin resolverse luego de darse a conocer que el representante de la firma se dedicaba a la comercialización de bienes raíces a través de plataformas en línea, presentando las transacciones como legítimas y autenticadas por notarios, pero que al momento de la entrega, los compradores se encontraban con predios inexistentes o con ubicaciones falsas.
“Más de 450 familias han sido afectadas por este fraude, con un monto total defraudado que supera los 120 millones de pesos y todo esto fue posible gracias a la complicidad de diversas notarías públicas, mismas que fueron señaladas por las víctimas y que hasta el día de hoy siguen impunes. De 2019 a la fecha van más de 360 denuncias en contra de este despacho inmobiliario, de las cuales solo 3 han sido judicializadas”, dijo.
La legisladora comentó que el proceso se ha visto obstaculizado por diversos factores para la parte afectada, debido a que se atiende a las víctimas por separado, ha habido audiencias diferidas, reprogramación de audiencias de manera constante y que se ha ofrecido como compensación un pago equivalente al 30% del monto defraudado, dando muestra de la injusticia que impera en el proceso.
“Hacemos un llamado urgente a las autoridades pertinentes para que aborden este caso de manera prioritaria y brinden la asistencia necesaria a las familias afectadas. La impunidad socava la confianza en el sistema legal y deja a las víctimas en una situación de total desamparo”, finalizó.
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