La exfiscal de Guerrero, Sandra Luz Valdovinos Salmerón, solicitó un amparo el pasado 16 de marzo, un día después de que la gobernadora Evelyn Salgado anunciara su remoción inmediata tras la fuga de un policía implicado en el asesinato del normalista Yanqui Kothan Gómez.
Valdovinos Salmerón reclamaba una orden verbal para asesinarla, afectar su libertad personal e incomunicarla o desaparecerla por no dejar el cargo como fiscal.
Estos actos los atribuyó directamente a la gobernadora, a la Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero y al director de la policía estatal.
El Juzgado Décimo de Distrito en Guerrero, con residencia en Chilpancingo, concedió una suspensión de oficio a la exfiscal en lo que se analiza el asunto, ya que este se resolverá en una audiencia el próximo 6 de mayo.
Valdovinos se ampara
“Se decreta de oficio y de plano la suspensión para el efecto de que cesen los posibles actos reclamados consistentes en la orden verbal a terceros para que se prive de la vida a la incidentista Sandra Luz Valdovinos Salmerón, la afectación a la libertad personal fuera de procedimiento judicial y la orden verbal de incomunicación o desaparición forzada, así como demás actos prohibidos por el artículo 22 constitucional, de los que se aduce podría sufrir la quejosa”, se lee.
Sin embargo, el asunto fue impugnado por el gobierno estatal ante el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa de Guerrero.
El recurso fue presentado por César Salgado Alpizar, consejero jurídico de Guerrero, en representación de la gobernadora Evelyn Salgado.
Los magistrados del Primer Tribunal determinaron el pasado 26 de marzo que “fue correcta la determinación de la jueza” y consideraron que la impugnación es infundada al votarlo por unanimidad.
“Para conceder la medida cautelar no es necesario que tales actos estén suficientemente probados, basta con que se tomen en consideración las manifestaciones bajo protesta de decir verdad que se hagan en la demanda para que de inmediato y sin mayor trámite se pronuncie de plano”, indicó el magistrado Carlos Ponce, encargado del proyecto.
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