La Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos para el Desarrollo de las Américas (CIDHPDA), en voz del Comisionado Presidente para América Latina y El Caribe, Víctor Hugo Gutiérrez Yáñez, se posiciona en contra de los descalificativos que el presidente mexicano, Lic. Andrés Manuel López Obrador, ha emitido hacia los ministros que integran la SCJN, pues fomentan el odio y la desconfianza hacia el máximo tribunal constitucional.
A unos días de la toma de protesta de la ministra Norma Lucía Piña Hernández como
presidenta de la Suprema Corte, los ataques de los simpatizantes de la 4T hacia esta
institución han sido constantes. El más reciente motivo de agravio fue la decisión que tomó la SCJN para declarar inválida la primera parte de las reformas electorales del llamado “Plan B”.
Incluso los gobernadores de los Estados administrados por el partido Morena, como Alfonso Durazo, Layda Sansores, Evelyn Salgado, Cuitláhuac García y la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, firmaron un comunicado donde expresaron su inconformidad por la anulación de esa iniciativa de ley.
Los 9 ministros que votaron en contra argumentaron que el proyecto presentaba vicios graves en el procedimiento legislativo que afectaron el proceso deliberativo para la aprobación de las reformas a las leyes Generales de Comunicación Social y de Responsabilidades Administrativas.
En lugar de discutir los argumentos de la SCJN y hacer una autocrítica sobre la forma en la que se presentó la iniciativa, el titular del ejecutivo lanzó diatribas hacia los ministros.
Entre otras cosas, les llamó “retrógradas, conservadores, salinistas” y los acusó de “obstaculizar la transformación del país para sostener el viejo régimen, el antiguo régimen de corrupción y de privilegios”.
Estos ataques son sólo dichos que no se pueden sostener, pues no se ha presentado alguna prueba contundente de que los ministros de la SCJN estén trabajando en contubernio con los partidos de oposición.
Lo más grave es que se está alentando en los ciudadanos un sentimiento de odio personal hacia los miembros de la SCJN, los cuales han provocado situaciones delicadas como la quema de una piñata con la figura de la ministra Norma Lucía Piña.
Manifestaciones de violencia como esta pueden escalar en agresiones más fuertes que pondrían en riesgo la integridad de los ministros de la SCJN.
En suma, el presidente Andrés Manuel López Obrador desestimó el premio en materia de derechos humanos que recibió la presidenta de la SCJN, Norma Piña, por parte de la Asociación Internacional de Mujeres Juezas (IAWJ, por sus siglas en inglés).
Durante su conferencia matutina del miércoles 10 de mayo el presidente declaró: “Esos premios se pueden conseguir en la plaza de Santo Domingo” (lugar conocido por la expedición de documentos apócrifos).
La división de poderes es nuestro país es de vital importancia para la construcción de un Estado de Derecho y un sistema democrático, pues implica la limitación del poder público para evitar su abuso.
Por tanto, el tipo de actitud que el titular del ejecutivo y los miembros de su partido están manifestando hacia la SCJN es una violación hacia este principio, ya que representa un intento de obtener la supremacía ante los demás poderes, cosa que rompe el equilibrio político.
El objetivo de dicho equilibrio es garantizar que el gobierno asegure los derechos de todos los ciudadanos, así como el cumplimiento de las obligaciones de los funcionarios públicos.
El Estado está obligado a hacer valer los tratados internacionales que México ha ratificado sobre la división de poderes, tal como lo demanda el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que reconoce a los tratados internacionales como Ley Suprema en toda la Unión, por lo cual se les debe de considerar fuente de Derecho.
Los comentarios de desaprobación hacia la SCJN generan polarización entre las fuerzas políticas y entre los ciudadanos; así mismo generan desaliento en la inversión, violentan el Estado de Derecho y desestabilizan los Derechos Humanos de todos los mexicanos.
El Estado no puede generar un ambiente de odio y sin paz social, por ello la CIDHPDA exhorta al presidente mexicano a comportarse como un mandatario estadista que gobierne en beneficio de la ciudadanía y no a favor de un determinado partido político o
grupo de poder.
La CIDHPDA extendió la misma demanda a los miembros al poder legislativo y al poder judicial, pues los tres poderes deben enfocarse en sacar adelante iniciativas de ley que el país necesita.
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