Respecto al tres por ciento del financiamiento público para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes que cada partido político debe destinar para la capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres, la Consejera Dania Ravel Cuevas recordó que ese porcentaje es un piso mínimo.
“Este recordatorio es aún más necesario en un contexto en el que seguimos presenciando violencia política contra las mujeres por razón de género y viendo a políticos y políticas que descalifican o dan un trato diferenciado a las candidatas por el simple hecho de ser mujeres”, lamentó.
Sistema de financiamiento a partidos ha logrado combatir recursos ilícitos
Por su parte, la Consejera Carla Humphrey Jordan reconoció que hasta ahora el sistema de financiamiento a partidos políticos ha logrado combatir de forma adecuada el uso de recursos ilícitos en las campañas electorales.
Sin embargo, llamó a promover, junto con las y los legisladores, “diversas medidas para hacer frente a nuevos problemas que enfrentamos en el financiamiento en efectivo a las campañas, a dinero del crimen organizado y, por supuesto, a fiscalizar de una manera mucho más adecuada cómo se están gastando e ingresando estos recursos”.
Financiamiento público favorece la equidad en la contienda
El Consejero Jaime Rivera Velázquez coincidió en que, por consenso de una serie de reformas electorales pactadas por las distintas fuerzas políticas, se acordó el financiamiento público de los partidos políticos como un mecanismo que favorece las condiciones de equidad en la competencia por el poder de mujeres y hombres.
“Morena mientras fue oposición no reclamó la disminución del financiamiento público porque lo necesitaba para competir por el poder, ¿por qué será que ahora desde el gobierno lo desdeña e incluso pretenda desaparecerlo o al menos el financiamiento ordinario para que los partidos puedan funcionar de manera permanente?, cuestionó.
INE no impulsa financiamiento a capricho o beneficio de ningún actor político
“El INE no está impulsando ningún acuerdo a capricho o a beneficio de uno u otro actor político, sino aplicando literalmente la Constitución como venturosamente lo hace desde que esta disposición de financiamiento público predominante quedó en la Carta Magna, allá en 1996”, defendió el Consejero Ciro Murayama Rendón.
Pero el financiamiento público predominante, precisó, “es parte de un modelo, es una pieza que también incluyó permitir el financiamiento privado, pero con límites y acotado y, a la vez, prohibió de manera clara y terminante que hubiera otra forma de llevar recursos públicos a los actores políticos o a sus campañas que no fueran los que expresamente contemplan la Constitución y las leyes y que dan las autoridades electorales”.
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