El acoso sexual es un delito que ni las mismas mujeres policías de la Ciudad de México (CDMX) pueden evitar. Y en este caso, ellas mismas son las víctimas. Las integrantes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) denuncian que han sido abusadas sexualmente; sus mandos superiores les brindan concesiones (como patrullas) o les prometen mejores puestos y condiciones más benevolentes a cambio de favores sexuales.

Esta clase de delitos, gestados dentro de la misma corporación, cuentan con carpetas de investigación en el Consejo de Honor y Justicia de la misma dependencia, así como en la fiscalía capitalina.

Los números sobre la atención de estos casos son desalentadores y reflejo de una realidad que aplasta a las mujeres policías de la CDMX. En un año se abrieron 86 carpetas de investigación contra elementos de la SSC por delitos de corrupción y agresión de género, pero únicamente tres casos fueron judicializados por la fiscalía General de Justicia.

Estas prácticas son una especia de herencia de un “sistema patriarcal” anquilosado, en el que la mujer es “incitada” a un proceso de corrupción en el que se ve forzada a aceptar alguna recompensa a cambio de favores sexuales, así lo explica Salvador Guerrero Chiprés, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia.

“Es una práctica patriarcal que ocurre en todas las policías, pero en la Ciudad de México se está confrontando de manera clara… A veces hay correlación entre la presión para aceptar cierto intercambio sexual, en diferentes niveles, que lo liga con una corrupción. Esto pasa en todo el continente por un modelo patriarcal”, dijo Guerrero en entrevista para El Universal.

Comisiones para evitar el abuso entre policías

Desde que se instauraron las comisiones ciudadanas de combate a la corrupción policial y de combate al abuso sexual a la mujer policía, se tiene un registro de 1,892 denuncias presentadas por ciudadanos y activos de la policía. Estas comisiones han sido instrumento eficaz para señalar los delitos sin que la parte acusadora sean revictimizadas. Están conformadas por nueve personas, cinco ciudadanos y cuatro autoridades: la fiscalía capitalina, SSC, Comisión de Derechos Humanos local y la Secretaría de las Mujeres.

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“No sucede en toda la corporación. No tenemos datos para afirmar que es una práctica generalizada”, comentó Guerrero Chiprés.

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