Luego de que el Presidente Andrés Manuel López Obrador informara en su conferencia mañanera desde Palacio Nacional que iba a pedir que investigara a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) por las incosistencias en el reporte sobre la cuenta pública de 2019, la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados dio a conocer que desde el miércoles ordenó a su Unidad de Evaluación y Control iniciar las averiguaciones correspondientes.
El presidente de la comisión, el diputado de MC Mario Alberto Rodríguez, informó que el próximo lunes comparecerá el titular de la ASF, David Colmenares, junto con los auditores responsables de las “inconsistencias” en la cuantificación de los costos por la cancelación del proyecto Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM).
“Esto con la finalidad de conocer y ampliar información pertinente a los informes enviados a la misma Cámara de Diputados, no solo la del aeropuerto, sino que profundicemos y revisemos metodologías y que tengamos el seguimiento constante de éstos informes de la ASF”, dijo Rodríguez.
El legislador de MC refirió que no necesitan que López Obrador les pida una investigación a la ASF, ya que ellos saben sus funciones e hicieron esta petición desde el miércoles.
El presidente de la comisión pidió “que se inicien las investigaciones contra los servidores públicos de la Auditoría Superior que resulten responsables”.
Te puede interesar: Esfuman 223 mdp en Macuspana y renuncia cuñada de AMLO
En su conferencia de prensa, López Obrador informó que enviará una carta a la presidenta de la Cámara, la priista Dulce María Sauri, para pedir una investigación sobre el informe “tendencioso y falso” sobre el costo de la cancelación del NAIM.
Al respecto, la vicepresidenta de la Mesa directiva en el Palacio de San Lázaro, Dolores Padierna, afirmó que Morena impulsará la investigación solicitada por el Presidente.
“Sería lamentable confirmar que la Auditoría Superior de la Federación hizo mal las cuentas para dañar y complacer a los opositores del gobierno de la cuarta transformación”, puntualizó.
Recordó que el órgano de fiscalización estimó que el costo por la cancelación del proyecto sería finalmente de 336 mil millones de pesos, es decir, tres veces más que los 100 mil millones originalmente calculados por el gobierno federal, pero sin considerar qué parte de esos recursos se financió con recursos disponibles en dos fideicomisos.