En sesión de la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables del Congreso del Estado, se aprobó el dictamen para que se llame a comparecer a Juan Carlos Castillo Cantero, ex alcalde Municipal de San Diego de la Unión, durante el periodo 2015 -2018, a efecto de que explique el motivo de su negativa para atender la recomendación derivada del expediente 101/17-D por agresión a una regidora.

La reunión para desahogar la comparecencia tendrá verificativo el miércoles 15 de marzo, a las 10:00 horas. Se llevará a cabo en reunión pública de la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables y estará presente el Procurador de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato.

El diputado David Martínez Mendizábal comentó que era un caso inédito en la entidad y delicado; la diputada Janet Melanie Murillo Chávez comentó que era lamentable que se tenga que llegar a estas situaciones, en el caso de un ex alcalde municipal y lo dejó para la reflexión, no solamente para los ayuntamientos y para los funcionarios, sino para todos en general, el respeto que debe de haber siempre hacia las mujeres cuando de por medio se encuentra una persona que llega a tener un nivel de autoridad más alto que ella.

Agregó que la recomendación que se estaba comentando se refiere a que es obligación de la autoridad señalada como responsable, en este caso el ex alcalde, reparar de forma integral y efectiva el daño sufrido como consecuencia de las violaciones de derechos humanos cometidas.

Finalmente, manifestó que, en este camino de lograr la equidad y el respeto para las mujeres, este hecho sienta un precedente ejemplar y que esperaba que en lo subsecuente no se den más este tipo de actos.

De lo que se acusa al ex alcalde de San Diego de la Unión, Juan Carlos Castillo Cantero, es que al término de una sesión del Ayuntamiento de la pasada administración, una regidora -de quien se omitió su nombre- pidió que el alcalde firmara unas actas; por lo que ella tomó los documentos, luego el alcalde la persiguió al interior de la Presidencia Municipal y con manoteos le intentó quitar los documentos. Asimismo, le señaló que de no entregárselas la acusaría de sustracción de documentos. Esto sucedió durante el periodo 2015- 2018.

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