El Pleno del Congreso del Estado de Guanajuato determinó procedente la interposición de controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación al existir violación a los principios constitucionales de articulación de los órdenes de gobierno en el sistema federalista, de forma de gobierno y de supremacía constitucional, por la invasión de la facultad constitucional del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato de legislar en todos los ramos del régimen interior del Estado de Guanajuato.